En pocas palabras: Un tribunal federal de Maine rechaza archivar las principales reclamaciones de Primera Enmienda contra sanciones ligadas a la CPI. Dos abogados estadounidenses de derechos humanos pueden seguir combatiendo la orden ejecutiva 14203. Una cautelar de julio de 2025 les protege de momento. El fondo aún no está juzgado.
Estado de los hechos: Comprobado el 30 de septiembre de 2026 con el comunicado de la ACLU sobre la orden del tribunal de distrito de Maine del 29 de septiembre. Recursos, mociones o una sentencia sobre el fondo pueden seguir cambiando el cuadro.
Qué dejó avanzar el tribunal
La demanda, presentada por la ACLU y la ACLU de Maine, impugna la orden ejecutiva 14203. Ese texto expone a personas estadounidenses a penas graves si tratan con la Oficina del Fiscal de la CPI, incluso mediante asesoramiento jurídico, análisis o pruebas. La Administración pidió el archivo del caso. El lunes el tribunal dijo no a esa petición en las reclamaciones centrales.
Dos hallazgos importan para quien solo hojea el expediente. El tribunal dijo que hay una fuerte probabilidad de que la orden ejecutiva vulnerara la Primera Enmienda. También dijo que una lectura razonable de la orden es incompatible con la ley que invocó la Administración para justificarla. No son frases de relleno. Explican por qué falló el archivo y por qué el litigio sigue con aire.
El tribunal rechazó además los argumentos de que los demandantes carecían de legitimación o de que el litigio no estaba maduro. La legitimación pregunta si estas dos personas son las partes adecuadas. La madurez pregunta si el conflicto está listo para juzgarse ahora. Ambas teorías de archivo perdieron. El caso sigue vivo.
Quiénes son Smith y Radhakrishnan
Matthew Smith trabaja en la rendición de cuentas por crímenes contra la comunidad rohinyá de Myanmar. Akila Radhakrishnan trabaja en la rendición de cuentas por las vulneraciones a las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Ambos afirman que su labor exige contacto con la oficina del fiscal de la CPI: compartir análisis, pruebas o criterios jurídicos que impulsen investigaciones.
Ahí está el choque práctico. La CPI es el tribunal de La Haya que juzga a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren. Su Oficina del Fiscal (OTP) investiga y lleva los casos. La OE 14203 trata ciertos contactos estadounidenses con esa oficina como conducta sancionable. Para abogados y defensores cuyo terreno es Myanmar o Afganistán, la orden no es abstracta. Se sitúa en el camino entre sus expedientes y los investigadores que podrían usarlos.
La cautelar preliminar de julio de 2025 ya impidió al Gobierno castigar a Smith y Radhakrishnan por comunicaciones con la CPI mientras el caso avanza. La denegación de archivo del lunes mantiene esa pelea en marcha en lugar de cortarla en la puerta del juzgado.
Cómo empezó la batalla de las sanciones
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI. Unos 125 países sí lo son. Washington ha apoyado a veces partes del trabajo del tribunal aun quedándose fuera del tratado. Esa historia mixta es el telón de fondo de la OE 14203: una herramienta de sanciones pensada para cortar a las personas estadounidenses de ayudar a la oficina del fiscal.
Smith y Radhakrishnan, con la ACLU y la ACLU de Maine, demandaron por la Primera Enmienda. Su tesis es que la orden enfría el discurso y la asociación protegidos: asesoramiento jurídico, análisis y entrega de pruebas a un fiscal internacional. La Administración defendió la orden e intentó acabar el caso pronto. El tribunal de Maine ya había dictado una cautelar preliminar en julio de 2025. La orden del lunes mantiene vivas las reclamaciones centrales tras el envite de archivo.
Para un lector que llega de cero, la secuencia es simple. Cae la orden ejecutiva. Dos defensores dicen que amordaza su trabajo con la CPI. Un juez federal de Maine bloquea los castigos de momento. El Gobierno pide el archivo. El tribunal lo rechaza. La vía hacia una sentencia sobre el fondo sigue abierta.
Libertad de expresión, la ley y lo que señaló el juez
La Primera Enmienda, aquí, no se reduce a eslóganes. Los demandantes sostienen que asesorar, analizar y entregar pruebas al fiscal de la CPI es discurso y petición que la Constitución protege. El tribunal halló una fuerte probabilidad de que la OE 14203 cruzara esa línea. Por eso un archivo en esta fase parecía injustificado en la reclamación de libertad de expresión.
Hay una segunda vía: el encaje legal. Los tribunales preguntan si una orden ejecutiva encaja con la ley que escribió el Congreso para los poderes que reivindica la Casa Blanca. El tribunal de Maine dijo que una interpretación razonable de la OE 14203 es incompatible con la ley invocada por la Administración. En términos claros, la orden puede no apoyarse en el fundamento jurídico que el Ejecutivo dice tener. Es todavía una lectura de fase temprana, no una sentencia definitiva. Basta para mantener vivas las reclamaciones.
Nada de esto zanja cada cuestión de sanciones para cada estadounidense que un día hable con la CPI. La cautelar y el caso vivo se centran en estos demandantes y en esta orden. Las batallas políticas más amplias en el Congreso u otros tribunales son otro asunto.
Dónde están las cosas
A 29 de septiembre de 2026, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maine ha rechazado archivar las reclamaciones centrales de Primera Enmienda en Smith v. Trump. Matthew Smith y Akila Radhakrishnan mantienen su impugnación de la OE 14203. La cautelar preliminar de julio de 2025 que impide castigarles por comunicaciones con la CPI sigue en el relato. Fallaron los argumentos de legitimación y de madurez. El tribunal ha señalado una fuerte probabilidad de vulneración de la Primera Enmienda y un desajuste con la ley. No ha dictado sentencia definitiva sobre el fondo.
Una denegación de archivo no es una cautelar permanente para siempre, y no es la última palabra del Tribunal Supremo. Es una victoria a mitad de camino que mantiene la impugnación de libertad de expresión ante el juez. Estados Unidos sigue fuera del Estatuto de Roma. La CPI sigue teniendo unos 125 Estados partes. Lo que el lunes cerró es más estrecho: este caso de Maine contra sanciones ligadas a la CPI sobre defensores estadounidenses continúa.